La Ciudad de México dio un paso para combatir los fraudes cibernéticos al incorporar al Código Penal el delito de «engaño digital», una figura jurídica que sanciona la creación de páginas falsas, el envío de mensajes fraudulentos y otras prácticas utilizadas para robar información bancaria o datos personales mediante la suplantación de identidad.
La reforma, publicada el pasado 22 de julio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, adiciona el artículo 231 Bis al Código Penal para el Distrito Federal y establece penas de tres a seis años de prisión, además de multas de entre 200 y 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes incurran en estas conductas.
La modificación responde al crecimiento de esquemas de fraude conocidos como phishing, mediante los cuales delincuentes hacen creer a las víctimas que interactúan con instituciones legítimas, como bancos, dependencias gubernamentales o empresas, para obtener contraseñas, códigos de seguridad o información financiera.
Uno de los casos más comunes ocurre cuando una persona recibe un mensaje que aparenta provenir de su institución bancaria y alerta sobre un supuesto movimiento inusual en su cuenta. El usuario es dirigido a un sitio web prácticamente idéntico al oficial, donde introduce sus credenciales de acceso sin saber que está entregando sus datos a los delincuentes.
Una modalidad similar consiste en la suplantación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante correos electrónicos, llamadas o mensajes que notifican falsos adeudos fiscales o devoluciones de impuestos para obtener información confidencial o solicitar depósitos inmediatos.
Conductas que ahora serán castigadas
El nuevo tipo penal contempla sanciones para quienes diseñen o utilicen páginas de internet falsas, dominios o aplicaciones que imiten plataformas oficiales, envíen comunicaciones engañosas para obtener datos personales o financieros, o capturen ilícitamente credenciales de autenticación como contraseñas, NIP o códigos de verificación.
La legislación también endurece las sanciones cuando las víctimas sean personas adultas mayores, menores de edad o personas con discapacidad, casos en los que la pena podrá incrementarse hasta en una mitad.
Un marco legal acorde con los delitos digitales
El abogado especialista en prevención de riesgos fiscales y financieros, Noé Amaro, consideró que la reforma atiende una necesidad que desde hace años enfrentaban las autoridades y las víctimas de este tipo de delitos.
Explicó que, aunque el fraude digital podía investigarse mediante otros tipos penales, la ausencia de una figura específica dificultaba acreditar conductas propias del entorno tecnológico, como la clonación de sitios web o la suplantación de plataformas digitales.
Afirmó que el reconocimiento del engaño digital como delito permitirá una persecución más precisa de estas conductas y brindará mayor certeza jurídica a quienes presenten una denuncia.
La prevención sigue siendo la mejor herramienta
Pese al fortalecimiento del marco legal, especialistas advierten que la prevención continúa siendo el principal mecanismo para reducir el número de víctimas.
Noé Amaro Luis, experto en Derecho Fiscal, Prevención de Riesgos Fiscales y Financieros hace algunas recomendaciones, entre las que destacan: no compartir contraseñas o códigos de seguridad por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto; revisar cuidadosamente la dirección electrónica antes de ingresar información personal; desconfiar de comunicaciones que presionen para actuar de inmediato y verificar cualquier notificación directamente con el banco o el SAT a través de sus canales oficiales.
Asimismo, Noé Amaro recomienda denunciar de inmediato cualquier intento o consumación de fraude, ya que la nueva legislación ofrece una base jurídica específica para investigar este tipo de delitos.
Con esta reforma, la Ciudad de México busca adaptar su legislación a una realidad en la que el fraude ha dejado de operar únicamente de manera presencial para trasladarse al entorno digital, donde la confianza de los usuarios se ha convertido en uno de los principales objetivos de la delincuencia.
